Andrés Campaña Remache
La consulta popular es un importante mecanismo de la democracia participativa; sin embargo, también es una herramienta política para tratar de legitimar la acción gubernamental.
La iniciativa de Guillermo Lasso atraviesa por coyunturas que en una u otra forma tendrán incidencia. La primera es que se realizará junto con las elecciones seccionales donde el Ecuador elegirá sus prefecturas y viceprefecturas, alcaldías, concejalías y vocalías a las juntas parroquiales rurales. La segunda es que nace en medio de una gran crisis de apoyo, confianza y credibilidad gubernamental.
La iniciativa de Lasso no estará lejana del show electoral. Su lanzamiento en la más grande parroquia rural del país no es casual. Su montaje, con guiones bien armados, buscó reivindicar a un gobierno que durante un año y tres meses ha desoído las principales demandas ciudadanas frente a los grandes problemas nacionales.
Bajo el pretexto de combatir la inseguridad, el Gobierno direcciona sus dardos a instituciones como las Fuerzas Armadas, la administración de justicia y la Asamblea Nacional. Las Fuerzas Armadas tiene la misión fundamental de defender la soberanía y la integridad territorial; a su vez, la Policía Nacional tiene la misión fundamental de atender la seguridad ciudadana y el orden público, así como proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de personas dentro del territorio nacional.
Ambas tienen misiones fundamentales que son competencias exclusivas y especializadas. Permitir que ambas instituciones sean concurrentes es desconceptualizarlas y revivir la vieja enmienda constitucional de iniciativa de Rafael Correa en 2015.
También, buscará la extradición de ecuatorianos y la independencia de la Fiscalía General del Estado del control del Consejo de la Judicatura.
Bajo el paraguas de combatir la inseguridad, Lasso pretende una reforma política tardía.
Reducir el número de asambleísta y, menos aún, buscar reducir el número de las organizaciones políticas no mejorará la calidad de la democracia y puede ser una peligrosa reforma que borre la pluralidad y la diversidad política.
Nuevamente, el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social irá a debate. Lasso ha dicho no a la designación de las principales autoridades por incidencia política sino por meritocracia como si no fuera una vieja receta ya probada y fracasada.
Por último y para darse un baño de ecologista y modernidad, el presidente de la República ha sintonizado con la protección de los recursos hídricos y la promoción económica del cuidado del ambiente.
Con las ocho preguntas de la consulta popular de Guillermo Lasso ha comenzado un nuevo show electoral en medio de una crisis multidimensional en la cual la ciudadanía se pregunta sobre la soñada reactivación económica y la generación de fuentes de trabajo.
Es Máster en Análisis Político por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También, estudió en la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Buenos Aires. Editorialista de El Telégrafo.
