Fabián Alejandro Acuña Villarraga
El contexto
En Colombia, un expresidente se ha convertido en el eje articulador de la política nacional y subnacional durante algo más de dos décadas, su influencia fue tal que logró coaliciones amplias que le permitieron alterar los diseños institucionales para prolongar su mandato.
Este personaje afecta la agenda pública y lo que dice es relevante para sectores político-económicos y medios de comunicación, cuestión que terminó dividiendo la opinión pública y la ciudadanía entre quienes fueron afectados favorable y negativamente de su ejercicio de gobierno y, una vez dejó el cargo, la división es entre quienes se sienten cercanos y quienes se distancian de su figura, postulados y sector político que le da continuidad a su legado.
Para el caso de Colombia se trata del expresidente Álvaro Uribe y su sector político se conoce como el uribismo que en el espectro ideológico se puede identificar de derecha. Hasta este punto, algún(a) lector(a) puede interpretar que no se está hablando exclusivamente de la vida política de Colombia sino de otros países de la región, es solo cambiar el nombre de la personalidad y podemos estar contando la historia política reciente de Perú, Bolivia, Argentina y el mismo Ecuador, entre otros países.
La alta fragmentación partidista, causa o consecuencia del personalismo político campeante en la región, ha sido un fenómeno recurrente y no aplica a personalidades de una única orientación política, los ejemplos son de todos los colores políticos, derecha e izquierda.
Elecciones presidenciales 2022
En 2016 se firmó un acuerdo de paz histórico con la desmovilizada guerrilla de las FARC y esta vertiente política uribista fue la principal opositora convirtiéndose en un factor de bloqueo permanente para la implementación de las políticas públicas consignadas en ese acuerdo. Por otro lado, persisten en Colombia profundos problemas de violación de derechos humanos parte de actores ilegales, pero desafortunadamente, también por parte de actores estatales con total impunidad. Lo anterior sumado a una idea indiscutida de desarrollo económico apalancado por un modelo extractivista insostenible en términos medioambientales, económicos y sociales que incrementa altos indicadores de desigualdad estructural que caracteriza a Colombia y que fueron profundizados por la pandemia global.
Teniendo presente lo antes mencionado, en las elecciones presidenciales de 2022 está en juego la continuidad del proyecto político uribista, en esta ocasión sin candidatura propia, pero sí prestada, o el tránsito a otras perspectivas políticas que plantean alguna alternativa a lo que hemos vivido durante dos décadas.
Por primera vez en la historia de un país conservador de derecha, tenemos cuatro candidaturas afrocolombianas a la vicepresidencia, tres candidaturas a la vicepresidencia son mujeres, pero a su vez, quien lidera en todas las encuestas de opinión es una candidatura alternativa de centro izquierda. El asunto se resuelve en dos vueltas si ninguna opción en competencia supera el 50% más uno de la votación en primera vuelta este 29 de mayo. Como se sabe, en la segunda vuelta o ballotage el electorado se divide en las candidaturas que obtengan las dos primeras votaciones en el tiempo uno y esto puede conducir a reafirmar la intención de voto de la primera elección o genera incentivos para unirse en contra de la candidatura ganadora de primera vuelta.
Con frecuencia se apela al miedo, mucho más cuando las opciones políticas son contrarias al status quo. Como decimos en Colombia, el electorado puede operar con la lógica de mejor malo conocido que bueno por conocer por el temor al cambio e incertidumbre a lo desconocido.
Pero más allá de esperar o buscar cambios radicales en términos ideológicos o política económica -ya que en América Latina no hemos tenido buenas experiencias con proyectos políticos tan innovadores o de extremos- lo que sí deberíamos procurar es el fortalecimiento de las instituciones democráticas, más allá de nombres, de salvadores(as) mesíanicos(as) y de iniciativas individuales que procuran fracturar el debido equilibrio de poderes, tan importante en sistemas democráticos.
Son esas experiencias personalistas las que nuestros sistemas políticos deberían superar y desincentivar, para evitar que la institucionalidad esté permanentemente en vilo a la discrecionalidad de una persona, que los organismos de control, las altas cortes, tribunales, entes de investigación -entre otros- dejen de estar en manos de sectores políticos que buscan cooptarlos para franquear su debido funcionamiento e independencia.
Lo que está en juego en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo en Colombia (así como en otros países en la región) es la pausa a un sector político que ha sido nocivo para el país y que ha fracturado la institucionalidad y la ha querido orientar a su favor (y de sus cercanos) profundizando la desigualdad, la violencia y la estigmatización de quienes pertenecen a una orientación política distinta durante más de dos décadas.
Investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina UNAM-OEA, docente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD-Colombia
