Caroline Avila Nieto
Probablemente Montesquieu, quien planteó la teoría de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder en una sociedad, no imaginó que el llamado contrapeso pueda terminar debilitándose de tal manera que no solo su imagen se vea desprestigiada sino que su rol se vuelva difuso. Sí, estoy refiriéndome al poder legislativo que en Ecuador toma cuerpo en la Asamblea Nacional.
El escenario descrito es transversal en Latinoamérica y las razones son varias. Procesos electorales que fomentan el clientelismo político, la poca formación política de las candidaturas, trayectorias insuficientes que dan lugar a la improvisación, son sólo algunas de las evidentes condiciones que han desgastado la imagen de la Función legislativa. En estos días hemos escuchado de renuncias y expulsiones de asambleístas por parte de sus partidos políticos, de cambios de camisetas, acusaciones de chantajes y sobornos a cambio de votos, y de un ir y venir de recursos jurídicos que mantienen estacionada la agenda legislativa. Señales de una Asamblea caótica, que se conduce de manera errática y se encuentra completamente a la deriva.
La gestión de la Asamblea Nacional ha perdido aprobación de manera vertiginosa en menos de un año de ejercicio. Según el boletín de la encuestadora Perfiles de Opinión, en julio del año pasado el 32% de la población calificó como “buena” y “muy buena” la gestión del poder legislativo, para mediados de marzo de este año ese indicador descendió al 14%. Algunas decisiones permiten entender esta baja valoración que no solo se debe a la decepción con lo político, que de manera generalizada se experimenta en Latinoamérica, sino a la publicitada polémica detrás de una administración legislativa sin agenda y sin resultados específicos.
La organización del poder legislativo necesita de acuerdos mínimos. A esos acuerdos en democracias maduras se les llama pactos.
En Ecuador el término está tan prostituido que no se atreven a pronunciarlo ni en los pasillos por el temor a ser involucrados con la mafia, el narcotráfico, la delincuencia en las cárceles, o la corrupción. Así, los acuerdos programáticos de mediano y largo plazo, definición de un pacto en política, no existen en el Ecuador y en su lugar hay bloques minoritarios que se organizan con fragilidad ante la coyuntura política y electoral. Cuando lo político deja de tener el cauce debido, institucionalizado y público, la gestión se diluye en prácticas improvisadas que dan paso a manejos corruptos. La falta de pactos formales da lugar a que se acudan a unas cuantas “ovejas descarriadas” para gestionar los votos. Las reuniones formales con los líderes de las bancadas se reemplazan por mensajes de WhatsApp o Telegram y conversaciones de oficina con algunos nombres sueltos para gestionar los votos de uno a uno.
La explicación de la baja aceptación no queda sólo en la falta de acuerdos ni en las frágiles mayorías, dado que tampoco se ha hecho evidente una orientación del trabajo legislativo. La Asamblea Nacional se ha reducido a un rol pasivo, termina siendo un receptor de las propuestas del Ejecutivo como colegislador. Del trabajo de casi un año no se pueden identificar hitos de gestión que señalen un camino, o un destino específico. Con puntuales excepciones, los proyectos aprobados son más bien dardos lanzados sin efecto específico ni incidencia relevante en la población. Las leyes aprobadas se han aferrado a la coyuntura y a la agenda que proponga el Ejecutivo. Incluso para rechazar las propuestas gubernamentales es necesaria la contrapropuesta, el argumento. En este año ni eso se ha visto porque fueron aprobadas por el silencio de la Asamblea.
Va a terminar el mes de abril y las sesiones están estancadas. Al menos 89 asambleístas le están diciendo “no más” a la actual presidenta Guadalupe Llori (PK) quien ha utilizado todo recurso legislativo y jurídico a su alcance para no ceder su silla. Una decisión que algunos consideran un error de cálculo político al no entender que los desaciertos en gestión y en comunicación no se corrigen con el hermetismo sino con la transparencia y la escucha atenta.
Así el contrapeso no funciona. Montesquieu seguro tenía otra idea en mente cuando imaginó que el poder ejecutivo necesitaba un poder legislativo robusto, cercano y consciente de las necesidades de la sociedad, con conocimientos de la gestión política de manera que ponga el equilibrio y los correctivos a los desaciertos y abusos que puedan generarse en los poderes vecinos. Ideas que están lejos de la radiografía que acabamos de revisar.
Doctora en Comunicación, docente e investigadora universitaria, con más de 20 años de experiencia en gestión y docencia en distintos niveles educativos. Analista de comunicación política con énfasis en comunicación gubernamental. Conferencista y autora de varios artículos académicos y de opinión en estas temáticas.
