Gabriela Moncayo
La pandemia nos ha enseñado, de una manera dolorosa, la importancia de contar con un sistema de salud pública eficiente. Hemos podido constatar –sino de primera mano, en un caso cercano– la desesperación por disponer de una medicina o acceder a una cita médica que salve vidas.
Esta es la realidad que viven los pacientes con enfermedades crónicas, quienes de manera regular se atienden en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de la red pública de salud. Y esas falencias, que se han evidenciado de manera grotesca a través de escenas de personas que no lograron obtener su medicina o un espacio de atención, son la realidad de muchas personas a lo largo de toda su vida.
Pero, ¿qué pasó con las enfermedades raras, huérfanas, catastróficas o crónicas durante la pandemia? Si antes la atención ya era complicada, con la pandemia los tratamientos quedaron relegados, a pesar de que a estas condiciones no les importa el día ni la hora y siguen su curso.
Esto conlleva complicaciones de salud y un gasto extra para el sistema, cosa que no sucedería si se recibieran atención de forma prioritaria, como establece la Constitución. Pero no sucede.
La realidad es que hay pacientes que deben desplazarse a otras provincias para obtener su tratamiento y ello se volvió imposible con el confinamiento, además de que dichas preexistencias representan una doble vulnerabilidad frente a la pandemia. ¿Cómo se supondría que las personas se iban a movilizar para obtener su tratamiento? Las medicinas, la atención, nos faltaban antes y nos falta en la pandemia, pero, ¿qué es exactamente lo que falla? Durante la pandemia, conocí el caso de una niña en Loja, con una enfermedad catastrófica, que se atendía en Quito. ¿Tiene esto sentido? Ella tuvo que suspender su tratamiento hasta que se autorizaron los traslados interprovinciales. Nunca sabremos a ciencia cierta las consecuencias de esta realidad sobre su salud.
Desde hace tiempo vemos cómo en el país se desconfía de los pacientes, como si existiera uno solo que haya pedido un tratamiento para después venderlo y hacerse millonario.
Cuando un paciente necesita, para salvar su vida, una medicina que no está en el Cuadro Básico de Medicamentos, requiere de un papeleo interminable, de que distintas autoridades de hospitales y del Sistema de Salud autorice la compra, si les parece conveniente. La mayoría de pacientes acude a las acciones de protección para que sea un juez quien les autorice a tener una medicina para salvar su vida. Sin embargo, nunca se ha denunciado un acto de corrupción por parte de los pacientes, pero, aun así, somos nosotros quienes sufrimos las consecuencias de las estructuras de corrupción. Lamentablemente no existe una estrategia de salud enfocada en el servicio; es ridículo que los pacientes tengamos la obligación de comprobar que estamos enfermos y requerimos las medicinas. Más allá del personal de salud, es el personal administrativo el que no está en la misma línea de servicio para mantener la calidad o salvar vidas. Eso es, en pocas palabras, lo que nos falta.
¿Cuántas personas con enfermedades crónicas han decaído en su condición este año?, no encontré las cifras. ¿Cuántos procedimientos se mejoraron para que el proceso se facilite?, tampoco es algo que se pueda ver, pero espero que hayan tomado la pandemia como una oportunidad para mejorar sus procesos y, finalmente, cumplir con su obligación de precautelar la vida de todos y todas.
Si la pandemia no nos mostró la necesidad de fortalecer el Sistema de Salud Pública, entonces no entendimos nada. Además, evidenció que la corrupción está dentro, no se da por parte de los pacientes y que, finalmente, los procesos deben facilitarle la vida a la población vulnerable, no complicarle con tramitología que solo pone en riesgo sus vidas.
Comunicadora Corporativa. Creo en la comunicación como la búsqueda del sentido colectivo. Activista en temas de salud.
