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Los retos de la nueva Corte Constitucional del Ecuador

Foto: Twitter

Victor Rivadeneira

Nadie ignora las formas que ha utilizado el poder político para atacar a la democracia. El escándalo público en los ataques a opositores, el hábito de la deshonra, las bravatas, el hackeo de cuentas personales, las sanciones legislativas, las destituciones a jueces, la ruina ética, la corrupción, entre otros. Es evidente que el catalogo es incompleto pero hay que recalcar que uno de los mayores ataques a la democracia fue la complacencia de los ex jueces constitucionales al anterior gobierno, lo cual manchó a todo el poder judicial y al país.

Ahora, los nuevos jueces constitucionales tienen que desandar un largo camino, y es que son tantos los intricados problemas que incluso una administración puede ser incapaz de resolver.

Actualmente, la Corte Constitucional-CC cuenta con magistradas/os de alto perfil, lo que ha viabilizado un cambio en las relaciones de poder. Ésto se evidencia con sus primeras actuaciones, en donde se modificó el Reglamento de Sustanciación de Procesos, normativa interna que rige los procedimientos para sustanciar las causas, en el cual se determinaron cuatro ejes de trabajo: independencia, cero corrupción, celeridad y sentencias de calidad. También, se conformaron tres tribunales en la admisión de causas, una acertada decisión que pone a trabajar a todos los jueces constitucionales en la etapa de admisión. Asimismo, se implementó un mecanismo electrónico para el sorteo de las causas que le da transparencia al proceso.

Sin embargo, la acción más relevante, es el pedido de 4 exámenes especiales a la labor de la anterior administración a la Contraloría General del Estado, con lo cual se evidenciará como se recibe la institución y qué ocurrió realmente en las administraciones anteriores.

La CC tiene un trabajo arduo y complejo, por ejemplo: debe realizar un control posterior a la Consulta Popular de febrero de 2018; efectuar un control material y formal a lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T) durante el periodo extraordinario que habilitó la mencionada Consulta; y, resolver causas represadas por años, incluso de relevancia nacional, como es el caso de Cervecería Nacional.

No obstante, a pesar de los esfuerzos que realice la Corte, se identifican esencialmente dos escollos importantes en sus futuras actuaciones, uno interno y otro externo. El interno recae en la interpretación y argumentación constitucional de ruptura para superar la jurisprudencia emanada por el mismo organismo en administraciones anteriores, y que fueron una afrenta al pueblo ecuatoriano. En este sentido, cabe mencionar tres ejemplos: los dictámenes favorables a los estados de emergencia, que permitieron los sobreprecios en las obras públicas; el dictamen que determinó que la comunicación debe ser un servicio público; y, el procedimiento para la Consulta Popular de iniciativa ciudadana, en donde, una vez recogidas las firmas y que la pregunta sea aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al final se realice el control de constitucionalidad, cuando éste debe ser el primer paso (La Corte tiene en sus manos el poder corregir este error en el caso Quimsacocha y por supuesto permitir que el pueblo se pronuncie).

En el ámbito externo, la CC tendrá el mayor de los retos: la globalización. Sabemos el resultado de la circulación de los capitales en la dimensión mundial y la falta de poderes reguladores de la sociedad a los poderes globales.

Hay que observar la circulación mundial de las mercancías producidas en condiciones precarias que no son comparables al coste del trabajo, debido a la falta de protección de los derechos de los trabajadores; las innovaciones tecnológicas y la precarización laboral en las múltiples plataformas digitales; ingentes capitales o inversión extrajera que afectan a los bienes indispensables para la vida, sobre toda la tierra y el agua (como lo es el caso Quimsacocha); capitales golondrinas[1]; los fondos monetarios para el endeudamiento de países; las transnacionales dedicadas a la agroindustria transgénica; entre otros. Estas situaciones externas, cuyos efectos repercuten de manera grave sobre bienes constitucionales, como los derechos fundamentales que nos asisten a todos los ecuatorianos, será donde tendrá mayor relevancia la actuación de la CC.

[1] Los capitales “golondrina” son aquellos que llegan al país por corto tiempo, aprovechan las altas tasas de rentabilidad y luego salen “volando”.

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