ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Shiram Diana Atamaint Wamputsar nació en Sucúa, provincia de Morona Santiago, el 12 de mayo de 1972. Mujer indígena, docente universitaria y primera legisladora del pueblo shuar. Ingeniera Comercial por la Universidad Estatal de Cuenca. Fue diputada del Congreso Nacional en el año 2007 y posteriormente asambleísta nacional en el período 2009-2013. También se ha desempeñado como conferencista de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) y fue Subsecretaria para la Amazonía del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Actualmente, es la Presidenta del Consejo Nacional Electoral.
¿A qué nacionalidad indígena pertenece usted?
Pertenezco a la nacionalidad Shuar, que es parte de las 14 nacionalidades reconocidas formalmente en el Ecuador.
Usted es la primera presidenta indígena del organismo electoral en toda su historia, ¿cree que la presencia de indígenas en altos cargos es una garantía para la construcción del Estado plurinacional?
Por supuesto que sí. La Constitución de 2008 establece que Ecuador es intercultural y plurinacional. En ese sentido la presencia de pueblos y nacionalidades indígenas, en todos los espacios de decisión, contribuye a que esos sectores históricamente excluidos, puedan ser también aportantes en la construcción del Estado y de una sociedad unida en su diversidad.
¿Cuál es a su criterio el aporte más importante que han realizado los pueblos indígenas en nuestro país?
La presencia de pueblos y nacionalidades en el Estado, ha generado avances en múltiples campos: en el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, en la reafirmación de los derechos colectivos sobre territorios, en la preservación del derecho propio o consuetudinario, entre otros aspectos importantes que permiten dejar atrás ese Estado monocultural y uninacional que heredamos desde la colonia.
Pero sin duda, el levantamiento de 1990, por ejemplo, permitió evidenciar la presencia de los pueblos indígenas como actores fundamentales en la identidad nacional, y ofreció al país un nuevo sentido de construcción de la ecuatorianidad. Pasamos de estar “juntos pero de espaldas”, a mirarnos las caras y reconocernos como hermanos.
Durante su período como legisladora nacional sostuvo una posición contestataria frente al autoritarismo de Rafael Correa, ¿cuál es la herencia que dejan 10 años de correísmo en términos políticos e institucionales?
El poder ejercido con autoritarismo y verticalidad, deja siempre secuelas que deben ser reparadas por la sociedad y el Estado.
En la década pasada la persecución rompió con el principio de la libertad y la concentración de poderes lesionó el orden democrático. La mordaza y la violencia gubernamental atentaron gravemente contra la ética pública.
Como exlegisladora tuve que enfrentar estos abusos y atropellos, y lo hice con la voz y la frente en alto. Por denunciar las desviaciones de fondos públicos, en el anterior gobierno, fui demandada por más de 7 millones de dólares y 3 años de prisión; proceso en el cual los medios de comunicación jugaron un papel fundamental a favor de la vedad y la justicia.
Creo que la valentía con la que un ciudadano se enfrenta al poder, es la mejor garantía de rectitud y coherencia.
¿Qué ha hecho desde su cargo actual por frenar la arbitrariedad?
El país necesita contar con una institucionalidad respetuosa de los derechos y de las garantías. En esa dirección, hemos reparado las arbitrariedades propias de una gestión donde el sistema electoral estaba bajo el dominio de una sola fuerza política sin ningún tipo de control ni pudor.
Por ello desde el CNE transitorio, en observancia al informe técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el Doctor Julio Cesar Trujillo, devolvimos la personería jurídica a varias organizaciones como Ruptura de los 25 y el Movimiento Popular Democrático. La pena de muerte que se aplicó a estas organizaciones políticas, reflejó el carácter punitivo y persecutor del ex gobierno, donde la autonomía y la independencia de la institución electoral, fueron heridas de muerte.
En las elecciones de 2019 se han registrado casi el triple de candidatos que en los comicios de 2014. ¿A qué cree que se deba este comportamiento?
Efectivamente, tenemos 82.135 candidaturas que se disputan 11.069 dignidades, entre principales y suplentes. El proceso de validación de los candidatos se cumplió sin contratiempos y en el marco de la ley. El elevado número de candidaturas es síntoma de al menos dos fenómenos que a mi criterio deben ser corregidos: por un lado, el sistema electoral ecuatoriano ha favorecido la eclosión de decenas de movimientos políticos, nacionales y locales, sin consistencia programática o ideológica, que hace compleja la institucionalización del régimen de partidos. Por otro lado, existe una legislación que no incentiva una política de alianzas entre movimientos y partidos, facilitando una especie de autarquía electoral.
¿Cuántos partidos y movimientos políticos existen en Ecuador actualmente?
Actualmente en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas tenemos 278 organizaciones, de las cuales 7 son partidos políticos, 14 son movimientos nacionales, 72 movimientos provinciales, 164 cantonales y 21 movimientos parroquiales.
Aquí surge la siguiente pregunta: ¿una democracia es más sólida con más partidos y movimientos políticos? Este elevado número de organizaciones políticas, sin duda es el reflejo de una distorsión legal aupada por un marco institucional que fue ampliamente permisivo. Esto lo revisaremos detenidamente luego de las elecciones.
La observación internacional es fundamental en todo proceso electoral. ¿Por qué razón Ecuador ha decidido invitar a la OEA?
El CNE ha garantizado al pueblo ecuatoriano la participación de la observación electoral internacional para los comicios de 2019. Estas elecciones contarán con la participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la Unión Interamericana de Organismos Internacionales (UNIORE); la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés); el Acuerdo de Lima; la Fundación Westminster para la Democracia; académicos y expertos electorales; representantes del Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en Ecuador; y, por primera vez tendremos la observación del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), algo fundamental para la observación electoral de un Estado plurinacional e intercultural.
La observación nacional e internacional, redunda en la legitimidad del sistema electoral ecuatoriano y permite innovar y perfeccionar, tanto las prácticas, como las normas y procedimientos de una elección.
En el país hay preocupación por supuestas afiliaciones falsas. ¿Se va a investigar?
Como Consejo Nacional Electoral tenemos la responsabilidad de verificar la autenticidad de las firmas presentadas por las organizaciones políticas; sin embargo, no podemos asumir los errores de las administraciones anteriores. Tomaremos todas las precauciones necesarias y de encontrar irregularidades, solicitaremos a Fiscalía tomar las acciones pertinentes. Actualmente, la Contraloría General del Estado está haciendo un examen especial al sistema de verificación de firmas, esperaremos los resultados para tomar acciones.
¿Se han calificado a candidatos con acusaciones de manejo inadecuado de fondos o con destituciones?
El Consejo Nacional Electoral ha realizado un análisis respecto de los requisitos que los candidatos de elección popular deben cumplir, así como las inhabilidades en las que no deben encontrarse inmersos. Amparados en el artículo 113 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 96 del Código de la Democracia, hemos garantizado el derecho de participación de los candidatos, considerando que el ser candidato de elección popular, no garantiza el ingreso al sector público. Por lo tanto, no podemos restringir el derecho a la participación bajo preceptos que no se encuentran en la Ley, conforme lo establece el inciso segundo del numeral 3 del artículo 11 de la Constitución.
¿Qué sucedió con Galo Lara?
El 9 de enero de año en curso el CNE negó la inscripción de la candidatura a prefecto de la provincia de Los Ríos, al exlegislador Galo Lara, por tener sentencia ejecutoriada y no gozar de los derechos de ciudadanía y políticos. Es decir, el impugnante no posee la legitimación activa porque tiene una sentencia ejecutoriada emitida por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, sobre el caso de un asesinato ocurrido en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos, en agosto del 2011.
Por otro lado ¿qué sucede con el pleno del CNE? ¿La diversidad y las diferencias se traducirán en rupturas irreconciliables?
La diversidad siempre fue vista en la sociedad y en el Estado como una amenaza y no como una riqueza; como una desventaja, antes que como un complemento.
El actual pleno del CNE se enriquece de trayectorias diversas y múltiples: existen constructores, informáticos, académicos y ex legisladoras. Todos con experiencia en el ámbito político y electoral desde diferentes facetas y experiencias. Aprendo con humildad de mis compañeros y defiendo mis ideas con firmeza y quizá con cierta determinación, pero nunca con menosprecio de las ideas de los otros.
Parecería que el pleno del CNE tuviese más disensos que consensos
Trato de propiciar la unidad, no la homogeneidad. El Pleno del CNE, como todo órgano deliberativo, tiene consensos y disensos. Los disensos enriquecen los debates y los consensos fortalecen las decisiones. Estoy convencida que todos los consejeros del actual CNE, dentro de nuestras diferencias apreciativas, trabajamos bajo un solo objetivo: ofrecer a la ciudadanía un proceso electoral sencillo y limpio, donde al final de la elección, el árbitro no sea el protagonista ni para bien ni para mal.
¿Los desencuentros entre consejeros, no podrían convertirse en rupturas?
Los desencuentros no son de ninguna manera rupturas, y peor aun irreconciliables. El CNE necesita del talento de sus cinco consejeros. Las diferencias enriquecen cuando se procesan a lo interno; y afectan o se mal interpretan cuando se procesan a través de los micrófonos. Esa es una lección aprendida. Nada enriquece más que las críticas constructivas y las ideas diferentes.
¿Cuáles son las principales reformas al Código de la Democracia que el CNE impulsará luego de las Elecciones Seccionales?
El Pleno del CNE tiene previsto entregar un proyecto de reformas al Código de la Democracia para que sea tramitado por la Asamblea, apenas termine el proceso electoral del 24 de marzo próximo. Se ha considerado importante cambiar el método de adjudicación de escaños.
El método de D’Hondt debe ser eliminado, pues lo único que ha hecho durante los últimos años es beneficiar a un único partido político, en perjuicio de las demás organizaciones.
Plantearemos también la eliminación de las circunscripciones territoriales, con el objetivo de eliminar esa artificial subdivisión de nuestra geografía, y generar así, un ahorro importante de recursos económicos, y hacer que la elección de autoridades sea eficiente.
¿Qué se busca corregir con estas reformas?
A pesar de que la Constitución reconoce al sistema electoral como proporcional, la mezcla entre un método de adjudicación altamente concentrador, y la determinación legal de circunscripciones pequeñas, hacen de que el sistema ecuatoriano sea mayoritario y muy poco representativo de las minorías. Eso es algo que debemos cambiar para bien del sistema de partidos, del sistema electoral y del sistema democrático.
