Edison Mafla M.
En las próximas elecciones seccionales se elegirán 5.656 dignidades del nivel ejecutivo y legislativo local, en los 1.068 gobiernos autónomos descentralizados existentes en el país (823 juntas parroquiales, 221 municipios, 23 consejos provinciales y el régimen especial de Galápagos), se estima que ingresarán al servicio público en los órganos administrativos de gobierno alrededor de 10.000 personas entre autoridades y funcionarios del nivel jerárquico superior.
Para éste último trimestre las unidades de planificación, administrativa y financiera de las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, discutieron y se encuentran en pleno proceso de aprobación del presupuesto de inversión para el año 2019. Esto es solo el comienzo para lo que resta de los siguientes 6 meses (de noviembre 2018 a abril 2019), período en el cual los actuales gobiernos locales, independientemente que sus autoridades opten por la reelección, deben preparar lo que se denomina el “período de transición” de la nueva gestión y gobierno para el periodo 2019 – 2024.
Sin embargo, la preocupación mediática de nuestra sociedad está obviamente enfocada a conocer las candidaturas para las prefecturas, alcaldías, presidencias de junta parroquiales. Con ello, inicia también el debate, la reflexión y al análisis sobre las necesidades de cada localidad, que ya empiezan a instalarse en veredas, barrios, recintos, ciudades, organizaciones sociales y políticas; y, en general, en los espacios públicos y privados.
Pero, ¿acaso no importa lo que se hizo en estos cinco años de gestión por parte de los actuales gobiernos locales? La responsabilidad administrativa, civil, penal y moral de la gestión merece que haya una importante dinámica y especial atención ciudadana alrededor de la evaluación y vigilancia de la cosa pública, de lo bueno, de lo malo, de lo feo y de lo que faltó por hacer.
Las administraciones que fenecen en el aún vigente período, ya preparan su finalización de gestiones, pues posteriormente en el mes de mayo del año 2019, participarán conjuntamente con las nuevas administraciones de un proceso de transición que debe ser abierto y transparente por ética pública.
Esto será de utilidad para que la ciudadanía pueda conocer sobre la situación de su parroquia, cantón o provincia, y que los actores políticos puedan construir su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), y continuar así con lo bueno, remediar lo feo, y proponer nuevas acciones frente a lo malo de una manera técnica que precautele los intereses de la nación entera. De esta forma se demostrará que la cosa pública puede ser eficiente, de calidad y de calidez.
Es hora que el Ecuador muestre un cambio de cultura organizacional y que aporte participativamente en la construcción y consolidación de nuevas instituciones públicas más justas, solidarias, transparentes y honestas. El debate sobre la gestión de lo público es tarea no solo de los políticos, sino fundamentalmente de sus habitantes y usuarios.
Coordinador del Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados (FORGAD) de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), asesor para el fortalecimiento de la organización social y facilitador de procesos de gobernabilidad y gobernanza local.
