El Asambleísta por Alianza País, Jorge Yunda, uno de los cercanos al correismo y “magnate” de la comunicación en Ecuador, vuelve a ser el centro de atención; esta vez, por las resoluciones tomadas por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), en las que termina la concesión de Canela TV, Canela Radio Corp. en Quito (106.5 FM), y sus repetidoras en Esmeraldas (99.5 FM), así como la de Santo Domingo (106.5 FM).
La decisión de la Arcotel está basada en el Art. 44 de la Ley Orgánica de Comunicación, que prohíbe expresamente enajenar, ceder, arrendar o gravarse por ningún medio las concesiones de frecuencias sin autorización.
Sin duda el cierre de la concesión a estos medios, de los 50 que tiene bajo su mando, le resta terreno al imperio comunicacional y político que acumuló el ex cantante y médico, desde que fue una pieza importante de las campañas comunicacionales de Correa en el 2006.
A pesar de la gran actividad que muestra en sus cuentas de redes sociales, el “Loro Homero”, quien ahora es precandidato a la alcaldía de Quito, no se ha pronunciado oficialmente sobre dicha resolución; sin embargo previamente, aseguró que los medios no le pertenecen pero están a nombre de sus familiares cercanos, y que solamente es dueño de la marca y generador de contenidos.
Las acciones que está ejecutando la Arcotel, evidencian su clara intención de desarmar el monopolio en los medios de comunicación, que ha servido únicamente para incrementar sus cuentas bancarias y su influencia política.
Es importante recordar que la Contraloría General del Estado (CGE), tiene un rol protagónico en este tema. El 28 de mayo de 2018, esta entidad confirmó en la lectura de su informe, que el correismo permitió que grupos de empresarios, entre ellos el de Jorge Yunda, y el del perteneciente al mexicano Ángel “Fantasma” Gonzales, se adueñen de cientos de frecuencias a través de un concurso que pretendía, según rezaban los hombres de la “década ganada”, una supuesta democratización de los medios.
Considero que ya es hora de hacer una repartición equitativa de las frecuencias para que la opinión pública no sea conducida hábilmente por quienes usan los medios para cumplir sus favores políticos al correismo.
Mientras tanto seguiremos a la espera de la resolución definitiva de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, toda vez que los empresarios involucrados en estos posibles delitos, tienen 15 días hábiles, desde el 3 de octubre, para contestar los cargos que pesan en su contra.
