El jueves 13 de septiembre -mes recordatorio de lo que se ha dado en llamar 30S en alusión a los trágicos sucesos del 2010- la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), instituida en mayo del 2015 por mandato de importantes núcleos sociales y gremiales del país (FUT, UNE, Gremios Profesionales, entre otros) que se indignaron por la ausencia de fiscalización del régimen de Rafael Correa, y cuya tarea –la de la CNA- fue fundamental para demostrar el asalto organizado a los recursos del país, fue recibida por el Fiscal General del Estado, Raúl Pérez Reyna.
Con tal oportunidad la CNA planteó al Fiscal la necesidad de dar pronta atención a varias de sus denuncias que en el periodo de los fiscales anteriores fueron ignoradas o engavetadas, debido a la sumisión al poder de este organismo del Estado, al punto que las imputaciones contra el gobierno de Correa, a contrapelo, fueron utilizadas para la persecución del correato en contra de los miembros de la CNA.
El fiscal se comprometió a atender los pedidos que en esta materia efectuó la CNA e invitó a sus miembros a formar parte de una mesa de trabajo que junto a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que lo preside Diana Salazar, atenderían los requerimientos de fiscalización que demanda el país.
En esta misma audiencia con el Fiscal, a nombre de la CNA, German Rodas Chaves, pidió al Fiscal que se de atención a la configuración del expediente que deberá instaurarse para que en “un plazo adecuado y conforme los requerimientos de la Patria, se consolide la demanda a los Tribunales internacionales por crímenes de Lesa Humanidad en los cuales se halla implicado Rafael Correa, como responsable político de los sucesos de su gobierno, como fue el caso del 30S, en el cual fueron ultimados varios ecuatorianos”.
Cuando hay elementos necesarios y previos que demuestran que los sucesos del 30S fueron orquestados en medio de la irresponsabilidad que privilegió la acción mediática y política antes que la búsqueda de soluciones a la algarada de algunos sectores de la Policía
Frente a la merma de sus ingresos, y cuando también se produjo la orden de asalto al Hospital de la Policía con el pretexto de rescatar al Presidente que hizo de esta circunstancia el drama que requería para la promoción de su figura, no queda la menor duda que se construyó una situación de crisis que concluyó en hechos de sangre que configuraron una tragedia –en medio de la confrontación entre ecuatorianos- de la cual el responsable fue el expresidente de la República” advirtieron los miembros de la CNA.
Las acciones para llevar a Correa a los tribunales internacionales para que sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad, deberán adicionalmente atender los contextos de otras desapariciones en el Ecuador, así como corresponderá que se encuadre esta acción de cara a lo que significó la implementación de una política de atraco nacional que por ser de ingentes cuantías, contribuyó con situaciones de menoscabo de la vida de importantes sectores de la población desatendidas y condenadas a situaciones de extrema gravedad para su supervivencia, y que en más de una oportunidad desencadenaron, por ejemplo, en la muerte de enfermos en hospitales carentes de todo tipo de atención.
OPCION S considera que es la hora de hacer justicia a nombre del pueblo ecuatoriano, y de sancionar a quien indujo a situaciones extremas avivando, debido a su manifiesta irresponsabilidad, trances cruentos irremediables, conducta que debe ser sancionada, ciertamente, por los tribunales internacionales.
