Edición N.77, septiembre 2016

El Presidente Rafael Correa se ha empeñado personalmente en perseguir y enjuiciar a dirigentes sociales que no respaldan su política o que hayan dirigido o promovido protestas populares. Su obsesión ha llegado al extremo de dividir a las organizaciones de trabajadores, campesino; indígenas, maestros y estudiantes, creando estructuras sociales paralelas.

 

Es verdad que el régimen promovió una reforma en la infraestructura y en las políticas educativas en los diferentes niveles de enseñanza, sin embargo, no es cierto que haya cumplido con sus obligaciones de asignar de manera completa el porcentaje presupuestario establecido en la Constitución. Además las políticas educativas son retrógradas en cuanto a su contenido, control y cobertura, ya que se ha restringido la enseñanza de las ciencias sociales y se las ha despojado de su contenido crítico; se han cerrado masivamente normales y colegio técnicos para promocionar el ineficiente “bachillerato único”; se ha eliminado la libertad de cátedra de los docentes, mediante un excesivo control burocrático de formularios y de contenidos; se han marginado del  ingreso a las universidades públicas a decenas de miles de jóvenes que están en la desocupación; y, con el pretexto de construir “escuelas del milenio”, se han cerrado miles de escuelas comunitarias y se han consumado negociados en su construcción y equipamiento, además de hacerlas inaccesibles para miles de niños del campo, que no disponen de alimentación y transporte...  

Las organizaciones estudiantiles, como la FESE y la FEUE, son perseguidas y se encuentran  divididas por acción directa de funcionarios del régimen y a los jóvenes que han realizado protestas se los cambia arbitrariamente de colegio y se los sanciona con saña. Se creó una red de maestros para dividir  a la UNE y,  finalmente violando convenios internacionales y las garantías constitucionales, se ha dispuesto su disolución y liquidación. El Convenio 87 de la OIT, vigente en el país desde 1967, prohíbe expresamente que las autoridades estatales intervengan en limitar la conformación y el libre funcionamiento de las organizaciones laborales, sin que puedan ser disueltas por vía administrativa.

Por la persecución y  el atentado y violación a estos derechos, Rafael Correa y su Ministro de Educación deberán responder personalmente ante la justicia nacional e internacional.