Edición N.76, agosto 2016

Durante los diez años de gobierno del Presidente Correa, la Procuraduría del Estado, dirigida por personas incondicionales al régimen, ha hecho evidente la falta de defensa eficiente y eficaz de los intereses públicos. Casi todos los juicios importantes planteados a nivel internacional, especialmente por empresas petroleras, han obtenido sentencias perjudiciales para el Estado, si bien el Procurador ha contratado por decenas de millones de dólares defensores extranjeros y nacionales y no ha escatimado recursos en costosas movilizaciones y campañas publicitarias que no han dado el más mínimo resultado.

 

Se podría argumentar que empresas como Oxy, Chevron y otras tienen gran influencia en los tribunales arbitrales y en las cortes extranjeras que han emitido laudos y fallos en contra de los intereses del país, ya que se acogieron a repudiables Tratados que garantizaban torcidamente la inversión extranjera o que se fundamentaron en una legislación y jueces allegados a los intereses de las poderosas empresas transnacionales. Pero la verdad es que las derrotas se produjeron también por falta de cuidado, gestión y de iniciativas procesales, jurídicas y de política internacional que contrarresten las presiones e influencias de las empresas demandantes. Curioso y repudiable es también que, una vez de emitidos los laudos y fallos adversos, el gobierno de Correa se convirtió en el mejor pagador del mundo, con la finalidad de asegurar sus constantes demandas de recursos financieros.

Pero, además de las controversias con empresas extranjeras adversas, el incompetente Procurador y el Gobierno, decidieron no defender los intereses del Estado y allanarse, por razones políticas a las demandas planteadas por 27 ex jueces de la Corte Nacional y 8 vocales del Tribunal Constitucional  que fueron destituidos de sus cargos por el Congreso Nacional en el 2004, sin establecer distinción en los fundamentos de la remoción y luego de que la mayoría de los primeros cobraron enormes indemnizaciones por jubilación y retiro de sus cargos obtenidos en reiterados períodos por su vinculación política con la denominada partidocracia. El gobierno pagó, sin mayor escrúpulo alrededor de quince millones de dólares y ahora ha iniciado juicios de repetición sin que las sentencias hayan establecido dolo o culpa grave en las destituciones.

El correismo, el Presidente y el Procurador, deberán responder en un futuro cercano por el manejo nada transparente de su débil o ausente defensa de los intereses públicos, por  el pago expedito de las referidas indemnizaciones y por la falta de iniciativa técnica y de política internacional para precautelar los escasos recursos públicos.