Edición N.75, agosto 2016

Una vez más en la política nacional se ponen en evidencia dos formas de hacer política: la de la derecha con dos versiones, la socialcristiana dominada por el caudillo de viejo cuño Jaime Nebot denominada “Unidad”  y la agrupación CREO de propiedad del banquero Lasso, y la  de un centro-izquierda renovado, expresado en el “Acuerdo Nacional por el Cambio”, que reúne a las organizaciones sociales y políticas opuestas al correísmo y que  se han  movilizado para defender los derechos de la mayoría de la población.

 

La derecha pretende recuperar con sus propios líderes el control total del poder del Estado, para imponer los intereses extranjeros y oligárquicos que ellos representan, eliminando  la limitada política reformista y populista del actual gobierno, para lo cual no cuestionan  a fondo el marco constitucional vigente que también les permitiría la concentración del poder y la criminalización y fraccionamiento de la lucha social. Las dos versiones de la derecha no  han formulado un programa alternativo para enfrentar la crisis económica sin afectar a los sectores populares. Agrupando a toda suerte de oportunistas, se han limitado a promover candidaturas y a realizar entre ellos  maniobras mutuas para evitar la dispersión de su proyecto.

La centro-izquierda, convocada por la lucha y la movilización expresada en las organizaciones sociales,  agrupa a sectores populares y progresistas que decidieron  definir primero una propuesta programática acorde a la realidad actual, que persigue desde los intereses populares enfrentar la crisis reactivando la producción y el empleo, erradicar la corrupción y establecer un régimen democrático con una nueva Constitución que elimine el autoritarismo, la concentración del poder y la violación discrecional de los derechos por parte de quien gobierne.

Se requiere pues, partiendo de la propuesta programática aprobada en el Acuerdo Nacional definir  una candidatura presidencial  que enfrente los intereses de la derecha y del populismo reaccionario y  llegar, posteriormente, a confluencias con todas las fuerzas sociales y políticas sobre el contenido de la nueva Constitución que reorganice al país y sus instituciones, respetando de manera plena y efectiva los derechos de todos los ecuatorianos.