Edición N.70, febrero 2016

Según la última encuesta de CEDATOS, el 79% de la población cree que el Gobierno de la Revolución Ciudadana tiene que cambiar de rumbo. El 72% piensa que la economía ecuatoriana va por mal camino. No es para menos, el 58% tiene una persona cercana que perdió su trabajo en los últimos tres meses.

 

El 2016 marca el inicio y la agudización incierta de la crisis económica causada por el autoritarismo correísta. En nueve años, el Gobierno de Rafael Correa Delgado y Alianza País manejó y despilfarró un presupuesto general del Estado de USD 217.378 millones. En 2015, el Ecuador creció apenas el 0,4%. En el mismo año, el desempleo aumentó en un 25,53%. La balanza comercial de enero a noviembre registró un déficit de USD 2.028,3 millones. A fines de diciembre, nuestro país cerró con una deuda externa de USD 32.752 millones y habría que sumar el último crédito correspondiente a USD 970 millones por parte del Industrial and Commercial Bank of China.

En medio de esta crítica situación económica, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, tal vez para encubrir la crisis, prefirió agravar los conflictos políticos y sociales, algunos de ellos, el anuncio de una tercera reforma constitucional tras la repulsiva y represiva aprobación del paquete de “enmiendas” constitucionales en diciembre; el allanamiento, la incautación de equipos y el cierre del canal lojano Ecotel TV; la amenaza de expulsión del país de la prestigiosa Universidad Andina Simón Bolívar; la persecución de los tuiteros como Carlos A. Acosta; la próxima aprobación del proyecto de ley que elimina la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; la visita convulsionada del corrupto y ultra conservador Recep Tayyip Erdogan; el descuento injustificado de USD 41 millones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y posterior destitución del Alto Mando militar…

A más de estas acciones que rayan en la demencia, prepotencia o provocación, en la sabatina #461, Rafael Correa Delgado comunicó el envío de un proyecto de ley económico urgente con el objetivo de “flexibilizar el empleo”. En su incoherente intervención señaló que la flexibilización laboral ya no es como en el pasado neoliberal sino que ahora trata de proteger los empleos garantizando los derechos. La nueva flexibilización del empleo consistiría en disminución de la jornada de trabajo y su remuneración; reducción de los salarios de las pasantías; el regreso a la contratación a plazo fijo; y, jornadas laborales concentradas.

Ante tanto desacierto, las últimas encuestas, también, proyectan información esperanzadora. El 57% de la población prefiere escoger el líder más capaz para enfrentar el correismo. En un simulación entre las posibles candidaturas de Jorge Glas (Alianza País) y Guillermo Lasso (CREO), el primero obtendría un 30% de apoyo, el segundo un 21% y una tercera opción contaría con un 28%. En este contexto, los sectores progresistas del país tienen la obligación de ofrecer un programa de gobierno para salir de la crisis y unirse en todos los niveles para constituirse en una alternativa del pasado neoliberal y el pasado del autoritarismo correísta.