Edición N.67, noviembre 2015

A propósito del fallo definitivo emitido por el Comité de Anulación  del CIADI en  el que se decidió que Ecuador debe pagar a OXY una “indemnización” de 1.061,7 millones de dólares, una vez más el Presidente Correa y el Procurador García han dado versiones irresponsables que demuestra la manera alegre con la que manejan los recursos públicos.

Dijeron que el país había obtenido un gran triunfo pues consiguieron la disminución de más de 700 millones de dólares y ratificaron que habían tomado decisiones correctas cuando inicialmente, con el pretexto de defender la “soberanía nacional”, no designaron árbitro y no participaron en el proceso, si bien, para suerte del Ecuador, la árbitro nombrada fue la profesora Brigitte Stern que emitió un magnífico voto salvado a favor del país.

 

No es verdad que se haya anulado el fallo impugnado, sino que únicamente calcularon del valor inicial, el 60 % que correspondía a Oxy, sin pronunciarse sobre el 40% de aquel que corresponde a la empresa china Andes, la que tiene ya un precedente firme para recuperar, por otra vía, la diferencia del supuesto triunfo gubernamental. Empero, la artificial defensa de la “soberanía” si fue finalmente un error nefasto para los tristes resultados obtenidos, ya que incidió en la indefensión del Estado en el trámite inicial, pues no sólo se debían discutir la caducidad sino otras violaciones contractuales de Oxy y los errores graves e insubsanables que cometió en la petición del arbitraje.

La responsabilidad económica del Presidente y del Procurador (repetición) deberá ser establecida; no en cuanto a la resolución de caducidad, pues ellos no la tomaron y quienes lo hicieron defendieron intereses públicos y la vigencia de la ley y del contrato violados por Oxy, sino en cuanto a sus irresponsables y pésimas decisiones adoptadas al inicio del trámite arbitral que le ocasionarán al Estado una enorme pérdida, por lo pronto de más de 1.400 millones de dólares sumados intereses, más 30 millones USD que pagarán a abogados que intervinieron a destiempo, en un proceso en el que habiendo fundamento legal y contractual no  debían ocasionar daño alguno al país!