Edición N. 53, agosto 2014

En el empeño de “profundizar” su proyecto “revolucionario”, el gobierno anunció, con bombos y platillos, el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea (UE) y la aprobación en la Asamblea Nacional, en treinta días, del Código Monetario y Financiero (COMYF), cuyo contenido definitivo espera el veto del ejecutivo que puede dar al traste con las tímidas reformas que se introdujeron en el proyecto original.

El acuerdo con la UE, en el fondo y la forma, es un “Tratado de Libre Comercio”, similar al celebrado antes por ésta con Perú y Colombia. Las anunciadas e insignificantes modificaciones ¨favorables¨ son un pretexto para una nueva claudicación del régimen que ha recibido el apoyo entusiasta de la oligarquía ecuatoriana.

El COMYF es un compendio de varias leyes y doctrinas, definidas en la etapa neoliberal, para normar las instituciones financieras, las del mercado de valores, las de seguros y, últimamente, las de la economía popular y solidaria. Se supedita al estricto control presidencial las atribuciones regulatorias de las Superintendencias, de otros órganos de supervisión financiera y del Banco Central, para que estos entes técnicos queden reducidos a ejercer labores sancionadoras y disciplinarias. Se otorgan para ello casi 60 competencias de regulación y cruciales atribuciones macroeconómicas, a un grupo de cuatro ministros y a un delegado presidencial, con el nombre de “Junta de Regulación Monetaria y Financiera” para que estos, contrariando la Constitución, no asuman plena responsabilidad personal en sus decisiones, que pueden incluir abusos de fondos públicos y privados.

El COMYF amplía, además, el acceso de las instituciones financieras a los fondos de liquidez y elimina exigencias para que éstos puedan ser invertidos libremente por las autoridades económicas, según la decisión política y económica conveniente al gobierno de turno. La super Junta puede establecer también cupos o porcentajes de crédito de fondos privados que las instituciones financieras deberán otorgar, para cumplir los planes y proyectos del gobierno, a cambio de “incentivos¨ definidos discrecionalmente.

Las dos iniciativas referidas nada tienen de revolucionarias, no privilegian al hombre y a las mayorías populares sobre el capital y mucho menos sustituyen al estado burgués por uno de contenido social y transformador; apuntalan mucho más el neocapitalismo y el autoritarismo imperantes.