Edición N.68, diciembre 2015

Las reformas a los artículos 211 y 212 de la Constitución, aprobadas por la Asamblea Nacional como “enmiendas”, no sólo disminuyen derechos, sino afectan la estructura del estado ya que, en este caso, eliminan la potestad que tiene la Contraloría General del Estado de realizar el control de la gestión de las actividades no sólo del gobierno sino de todas las autoridades y personas que manejan recursos públicos. La labor de fiscalización y auditoría para ser eficaz, tiene que ser autónoma, independiente y debe ser integral para que se puedan establecer responsabilidades, no sólo por el mal manejo de los recursos sino por los deficientes o dolosos resultados.

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Edición N.67, noviembre 2015

El régimen actual ha manejado, en la historia nacional, el mayor volumen de recursos económicos para poner en marcha lo que han denominado “la obra pública emblemática”. Empero, las inversiones  -gracias a las cuales se ha construido el modelo económico del capitalismo del siglo XXl- nunca han sido materia de fiscalización.

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Edición N. 66, octubre 2015

Víctor Rivadeneira

@Victorivaden

La Comisión Nacional Anticorrupción-CNACE, creada por el Colectivo Nacional Unitario de Trabajadores, Indigenas y Organizaciones Sociales (FUT, CONAIE, ECUARUNARI, UNE, FRENTE POPULAR, FEDERACIÓN MÉDICA, entre otras organizaciones populares), presentó el 22 de septiembre del presente año, en rueda de prensa, su primer informe a la ciudadania y, en especial, al Colectivo Nacional Unitario, fruto del trabajo investigativo sobre el proceso de contratación pública para la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu.

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Edición N.64, agosto 2015

La gran movilización y descontento social, expresados en el paro y levantamiento nacional del 13 de agosto, recibieron primero la indiferencia prepotente del gobierno y en especial del Presidente Correa quien, para minimizar el impacto de la lucha popular, se fue de viaje a Surinam, bailó en las concentraciones y en los festivales oficiales de “apoyo” y se dedicó a despotricar en contra de los manifestantes, acusándoles de ser instrumentos de la derecha y el golpismo y a desacreditar a sus dirigentes calificándoles de “adefesios” y “ridículos”. Pero como las expresiones de protesta fueron masivas, luego de preparar el ambiente con una costosa campaña publicitaria, el mandatario autorizó que se desate la represión y la violencia contra numerosos dirigentes indígenas, entre ellos Salvador Quishpe, Carlos Pérez y su esposa, y se detenga en todo el país a cerca de un centenar de participantes en las jornadas de lucha social.

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