Edición N.84, julio 2017

Demostrando, una vez más, su concentrado personalismo, Rafael Correa, antes de partir a Bélgica con su familia y guardaespaldas, acusó de “deslealtad y mediocridad”  al Presidente Lenín Moreno por realizar algunos gestos de apertura a los indígenas, abrir un proceso de diálogo con opositores y disponer que se combata al caudillismo eliminado los retratos presidenciales y las sabatinas. A las acusaciones se sumaron las amenazas de desafiliarse de Alianza país y de seguir interfiriendo en las decisiones presidenciales.

 

Pero además de las referidas incomodidades, Correa cuestionó a su sucesor por realizar pactos y un reparto burocrático con la familia Bucaram por su apoyo en la segunda vuelta electoral, olvidándose que el  hizo lo mismo, a cambio de que la Corte Constitucional apruebe el retorno de Abdalá y de que pactó con Lucio Gutiérrez y el PRE para instalar en la Contraloría al socialcristiano Carlos Polít, que permaneció en funciones los diez años de su mandato, encubriendo y patrocinando la corrupción, y para que el Tribunal Supremo Electoral destituya a la mayoría de congresistas para viabilizar la reunión de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Qué mala memoria del sui generis revolucionario que deja como misión a sus incondicionales: custodiar su “revolución” que criminalizó la lucha social y lesionó los derechos fundamentales de los trabajadores.

Sin embargo,  la peor herencia correista que soporta el país y a la que Moreno debería realizar su anunciada “cirugía mayor”, es la de la corrupción. En los diez años Correa estableció un sistema para controlar las minucias en la contratación pública y permitir que en los negocios grandes de la obra pública civil  o petrolera se establezca un sistema de comisiones, sobornos y participaciones multimillonarios, del que han salido a luz apenas ciertos casos limitados, como resultado de las delaciones de Odebrecht en Brasil y de las investigaciones del Departamento de Justica norteamericano.

Correa reconoció ya su responsabilidad política en la corrupción y lanzó, ejerciendo la Presidencia, toda una campaña para encubrir a sus operadores, afirmando que los sobornos son “premios”; que las coimas no afectan los fondos públicos; que los funcionarios corruptos ya formaban parte del Estado cuando se inició su gobierno; que no los conocía; que si los sobornos se realizaron cuando los funcionarios ya no ejercían su cargo era un “acuerdo entre privados”; que no se puede creer a los delatores y que se debe probar que el funcionario recibió directamente los sobornos, cuando es evidente que en todos esos casos se utilizaron testaferros. Además el ex  Presidente Correa y  su asesor Alexis Mera forjaron un sistema jurídico o lo modificaron para garantizarse, ellos y a sus allegados, la más descarada impunidad,  blindaron el delito de peculado a informes de la Contraloría que ellos manipularon y modificaron y acomodaron los tipos penales sobre la administración pública para poder negociar silencios y penas.

La “cirugía mayor” deberá necesariamente establecer las responsabilidades civiles y penales del ex Presidente y de su entono, anulando el anunciado chantaje político al Presidente Moreno!