Edición N.79, noviembre - diciembre 2016

El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. Con ocasión de esta fecha, se organizó la marcha “Vivas nos Queremos, Ni Una Menos”, por parte de colectivos de mujeres y otras organizaciones sociales, para denunciar y visibilizar la violencia de género y feminicidio en el Ecuador, situaciones con las que existe una evidente complicidad social y de las autoridades del Estado.

 

Las estadísticas del feminicidio en el Ecuador son alarmantes. En 2016, hasta la fecha, se registraron 136 muertes de mujeres como consecuencia de violencia machista, mientras que en 2015 hubo 105 casos reportados. Sin embargo, pese a la alta incidencia de este delito en el país, la justicia tarda en procesar a los presuntos responsables de estas muertes. Desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (agosto 2014) hasta mayo de 2016, apenas se habían dictado 18 sentencias. Según los reportes de los medios, el promedio de muertes violentas de mujeres en el Ecuador es de siete al mes. Proyectado a nivel continental, el panorama es aún más desgarrador: de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, en nuestra región mueren 12 mujeres diariamente por el solo hecho de pertenecer a ese género. De igual manera, 67% de las personas reportadas como desaparecidas en el Ecuador, son mujeres.

Estas cifras reflejan el síntoma más doloroso de una enfermedad que aqueja a nuestras sociedades: la violencia de género. Según estimaciones, en el Ecuador más del 40% de mujeres comprendidas en un rango de edad de entre 15 y 49 años, ha sufrido algún tipo de maltrato físico. Si se suma el maltrato psicológico y la violencia sexual este porcentaje crece aún más. Hay que mencionar que un alto porcentaje de víctimas de violencia de género jamás llegan a denunciar los atropellos que sufren por miedo a las represalias, entre otras cosas. Cabe recordar que un gran número de casos de violencia y/o feminicidio provienen de allegados, familiares y parejas o ex parejas de las víctimas.

Lamentablemente, pese a la existencia de políticas públicas destinadas a la erradicación de la violencia contra la mujer, no existe un avance real en la materia en el país. Si a todo esto agregamos la criminalización de la mujer que aborta, o las situaciones de re victimización en casos de violencia sexual, el panorama se vuelve aún más complejo. Todo lo referido asume mayor dramatismo debido a que no existe una voluntad política de parte del gobierno para combatir los problemas referidos, que ponen en situaciones de riesgo a mujeres de todas las edades, aunque las niñas y adolescentes son quienes se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad.

El discurso de las autoridades, empezando por el Presidente de la República, da cuenta de cuan arraigada está la violencia machista en el país, es por esto un deber de nosotras y nosotros unir esfuerzos para denunciar las situaciones de agresión, acoso, violencia, y/o feminicidio. La tarea de erradicar el machismo y la misoginia corresponde, pues, a toda la sociedad.