Edición N.67, noviembre 2015

El régimen actual ha manejado, en la historia nacional, el mayor volumen de recursos económicos para poner en marcha lo que han denominado “la obra pública emblemática”. Empero, las inversiones  -gracias a las cuales se ha construido el modelo económico del capitalismo del siglo XXl- nunca han sido materia de fiscalización.

 

No podía haber fiscalización si la comisión encargada de tal asunto en la Asamblea Nacional, fue tan solo un espacio -a contrapelo de lo que el país demandaba- para cuidar los entornos del poder y archivar todo aquello que olía a control público. En este panorama,  adicionalmente, hemos sido testigos de la ausencia de juicios políticos  -por ende la censura de ministros- y la castración de otra forma de fiscalización y de control.

Fue imposible, además, la fiscalización desde ese mamotreto denominado “el cuarto poder”  -todo poder emana del pueblo y no es la estructuración a dedo de un ente burocrático-  pues la conformación de tal  estructura del Estado, con alguna excepción, fue constituida –mediante supuestos concursos- por  personajes cercanos al circulo gubernamental comprometidos en cuidar las espaldas del régimen y de actuar de acuerdo a sus conveniencias.

Frente a una realidad de esta naturaleza, la conformación del la Comisión Nacional Anticorrupción no solo fue una aserto del Colectivo Nacional Unitario de Organizaciones Sociales, Trabajadores e Indígenas sino un requerimiento del conjunto la sociedad.

En pocas semanas de funcionamiento la mentada Comisión Nacional Anticorrupción irrumpió en la conciencia nacional para hacerle saber que la hidroeléctrica Manduriacu había sido construida en medio de una serie de ilegalidades y con una inversión del 82% adicionales al contrato inicial.

Frente a tal realidad el Vicepresidente de la República, el Ministro de Energía y el Prefecto de Pichincha -la triada de Manduriacu- en vez de responder frente a las preguntas e interrogantes de la CNA y del país tomaron el atajo de las amenazas y los juicios en contra de quienes han actuado con patriotismo y probidad desenmascarando actos de corrupción.

El país no puede mirar las circunstancias referidas sin actuar. El  Colectivo Nacional Unitario no puede dejar  que la CNA sea motivo de persecución. Es indispensable recoger firmas de adhesión para que la lucha contra la corrupción sea una tarea constante y, en ese contexto, darle todo el apoyo a la CNA.  Aquella tarea debe ser promocionada en los sindicatos, en las fábricas, en los barrios, en las Universidades, en los gremios; en suma,  entre el pueblo cuyos bolsillos son esquilmados, adicionalmente, con el manejo inescrupuloso de sus recursos.

El país debe volver suyas las acciones de la Comisión Nacional Anticorrupción.  El Ecuador debe actuar con verticalidad frente a la patriótica determinación de los Comisionados de la Anticorrupción por enfrentar al poder sin amedrentamientos. Su ejemplo debe recibir el más amplio apoyo y aquello hay que expresarlo de manera organizada y con la brevedad posible.