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Edición N. 66, octubre 2015

Víctor Rivadeneira

@Victorivaden

La Comisión Nacional Anticorrupción-CNACE, creada por el Colectivo Nacional Unitario de Trabajadores, Indigenas y Organizaciones Sociales (FUT, CONAIE, ECUARUNARI, UNE, FRENTE POPULAR, FEDERACIÓN MÉDICA, entre otras organizaciones populares), presentó el 22 de septiembre del presente año, en rueda de prensa, su primer informe a la ciudadania y, en especial, al Colectivo Nacional Unitario, fruto del trabajo investigativo sobre el proceso de contratación pública para la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu.

 

En dicho informe, la CNACE encontró serios indicios de irregularidades en el proceso de contratación de esta obra “emblematica para el país”, como: i) el incremento en el costo inicial de la obra en un 82% por deficiencias en los estudios de factibilidad avanzada; y, ii) la falta de licencia ambiental para el inicio de la construcción de la hidroeléctrica; adicionalmente, la CNACE fue enfática en señalar que la Contraloría, a pesar de determinar en sus informes estos hechos, no concluyó con responsabilidades administrativas, civiles o penales, sino que recomendó a los funcionarios públicos que para próximas contrataciones se tomen las medidas necesarias para que no se repitan estas deficiencias.

Pocas horas fueron necesarias para que diferentes funcionarios públicos reaccionen de forma agresiva ante el informe de la CNACE. El Prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja -que fue presidente del Directorio de la empresa pública Hidroequinoccio, empresa consultora que emitió el informe de factibilidad avanzada con deficiencias- utilizó terminos despectivos para los miembros de la Comisión; de igual manera, el Contralor del Estado mencionó que fueron descontextualizados sus infomes; el Vicepresidente de la República llamó a que se inicie juicio a todos y cada uno de los comisionados que osaron presentar informes con indicio de corrupción en el régimen. Es importante mencionar que el coordinador general de la CNACE, Jorge Rodríguez, ya cuenta con un proceso penal en su contra. Adicionalmente, se inició una campaña con recursos de los propios ecuatorianos para desprestigiar a los miembros de la Comisión.

ando aceptaron la designación por parte de las organizaciones sociales sabían las consecuencias de sus actos y llaman a estar atentos a las posibles acciones por parte del Gobierno; también seguirán con más procesos de investigación, cuyos resultados serán presentados a la ciudadanía una vez recabada toda la información necesaria.