Edición N. 53, agosto 2014

El 11 de julio se conmemoró los 50 años de la primera ley de Reforma Agraria en el Ecuador; la que sin duda ayudó a combatir, en aquella época, formas de explotación en el campo. Sin embargo, ésta no resolvió el problema de la concentración y apropiación de la tierra en pocas manos, ni las nuevas formas de despojo, más bien fue una ley que, en el contexto continental, tenía como fin aplacar la creciente movilización social que estaba inspirada en las reformas agrarias de Cuba, México y Bolivia.

 

Hoy, 50 años después, las organizaciones campesinas, indígenas, afro descendientes y montubias aún continúan luchando y exigiendo una Reforma Agraria Integral. TIERRA TRABAJO Y DIGNIDAD fue la consigna con la que las organizaciones (FENOCIN, CNC ELOY ALFARO Y CORMOLIT), el 20 de marzo de 2012, introdujeron, a la Asamblea Nacional, la Ley de Tierras y Territorios por iniciativa ciudadana, con el respaldo de 44.586 firmas recogidas a nivel nacional. A pesar de esto, la Comisión de Soberanía Alimentaria abandonó el tratamiento de esta iniciativa legal, lo cual implicaba que la ley propuesta debió convertirse en ley de la nación por el ministerio de la ley, tal como manda el artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana.

En la actualidad, la demanda por el acceso a la tierra ya no es única de los campesinos, indígenas y sin tierra. Desde que la alimentación dejo de ser un derecho y se convirtió en una mercancía, los grandes agro negocios también pugnan por acceso a tierra fértil, por esto es clave preguntarse ¿Cuál es la tenencia de la tierra que requiere la soberanía alimentaria?

Y la respuesta es sencilla: necesitamos un proceso serio de redistribución de tierra a manos

campesinas para la producción de alimentos para el consumo nacional, que democratice el acceso y que combata el latifundio, el acaparamiento y la concentración de la renta de la tierra que es sinónimo de poder, desigualdad y pobreza en el campo.

Pero también nos podemos preguntar ¿Cuál es la tenencia de la tierra que requiere el agro negocio? Y también la respuesta es simple; se requiere mucha tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra, grandes extensiones de tierras dedicadas al monocultivo para la exportación, abundantes agroquímicos para elevar los niveles de rendimiento, mano de obra barata y nuevos mecanismos de explotación para concentrar la renta de la tierra.

La deuda agraria de la Revolución Ciudadana es innegable y ahora se la intenta remediar, sin embargo, en este caso, el remedio es peor que la enfermedad. Hace unas semanas circuló, desde la Comisión de Soberanía Alimentaria, la propuesta de Ley de Tierras Productivas. Al analizarla, es claro que no es la vía de la soberanía alimentaria la que se quiere impulsar; al contrario, esta propuesta profundiza el modelo del agro negocio. Promueve la agricultura bajo contrato, los negocios inclusivos, los monocultivos que, bajo el discurso de convertir a los campesinos e indígenas en empresarios agrícolas, esconden los verdaderos intereses de legitimar las nuevas formas de explotación, despojo y saqueo. En este contexto, cabe preguntarse ¿cuál será el papel de las organizaciones del campo? ¿Abandonarán su demanda histórica por tierra, trabajo y dignidad para remplazarla por la consigna de tierra, productividad, transgénicos y negocios inclusivos, para no incomodar al poder? El tiempo nos dará la respuesta. Mantenemos un optimismo trágico, porque dicen los zapatistas que la esperanza también se siembra y que es hora de cosechar rebeldía. (LAC)